El equipo
jurídico que impulsa la reapertura de la causa por el hecho, ocurrido el 14 de
abril de 1978 en la cárcel de Villa Devoto, inició una campaña de adhesiones a
un pedido que presentarán ante el Juzgado Federal Número 3, a cargo de Daniel
Rafecas, para que el caso sea investigado como un delito de lesa humanidad.
“Creemos
que esta matanza debe investigarse como un delito de lesa humanidad. Y le vamos
a pedir al juez Rafecas que actué en consecuencia”, señaló en declaraciones a
Télam la abogada Claudia Cesaroni, autora del libro Masacre del Pabellón
Séptimo, en el que narra las alternativas de esta represión del Servicio
Penitenciario Federal que hace 35 se cobró la vida de 64 reclusos en el penal
de Villa Devoto.
Cesaroni,
que encabeza el colectivo jurídico que promueve la revisión de un caso que está
impune, aseguró que entre las víctima del también denominado “Motín de los
Colchones” podría haber un
desaparecido.
Se
trataría de un militante uruguayo llamado Jorge Hernández Rodríguez, que fue
secuestrado en agosto de 1976 tras participar en una asamblea en una fábrica de
la localidad de Dock Sud.
Meses
después, Hernández Rodríguez quedó legalizado y se lo traslado a la cárcel de
Devoto, donde se encontraba al momento de la masacre.
Sin
embargo, este ciudadano uruguayo, que tenía 23 años en 1978, permanece
desaparecido y su legajo figura en las listas de la Conadep con el número 1230.
Es más,
según Cesaroni, este joven aparece fotografiado con vida en la tapa del diario
Crónica correspondiente al día 15 de marzo de 1978, es decir un día después de
producirse los hechos.
“Tenemos
el testimonio del padre de Hernández Rodríguez que reconoce al joven que aparece retratado en la
tapa del diario como su hijo. Es una foto en la cual un detenido es trasladado
por un efectivo del SPF. Luego de ello, no se tuvieron más noticias de él”,
afirma la letrada.
Con este
nuevo elemento, el grupo que investiga esta causa pretende que Rafecas reabra
el expediente y lo tipifique como delito de lesa humanidad.
La Masacre
del Pabellón Séptimo es la peor matanza que tuvo lugar en el sistema penal
argentino y sucedió en plena dictadura, cuando la unidad carcelaria estaba bajo
el control operativo del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el genocida
Guillermo Suárez Mason.
Rafecas
tuvo a su cargo la instrucción de la Megacausa del Primer Cuerpo, y por eso los
integrantes de este equipo de investigación elevan este pedido ante su juzgado.
El
requerimiento presentado ante el Juzgado Federal 1 solicita que se investigue
la responsabilidad en el hecho que tuvieron los integrantes del Servicio
Penitenciario Federal, entre ellos se encuentra el represor Víctor Hugo
Dinamarca, sub jefe operativo del penal, que además actuó en el centro de
detención clandestino conocido como “El Vesubio”.
Pero la
intención es revisar la responsabilidad de los integrantes del poder Judicial,
entre ellos el juez Guillermo Rivarola, que actuó en la primera instrucción y
“no constató entre las víctimas heridas de balas”.
Además, el
grupo que encabeza Cesaroni quiere que se investigue la actuación de Julio
César Strasera, quien era el fiscal que instruyó en esta masacre y años después
lideró la acusación en el juicio a las Juntas.
La
investigación que sustenta el libro de Cesaroni se basa en el testimonio de
Hugo Cardozo, ex detenido en Devoto y sobreviviente de estos hechos.
En la
mañana del martes 14 de marzo de 1978, efectivos del SPF irrumpieron en el
pabellón séptimo de la cárcel y desataron una feroz represión que derivó en un
incendio, al caer sobre los colchones
varios de los calentadores que usaban los presos.
Muchos
detenidos fueron ultimados a tiros y otros perecieron por asfixia, atrapados
entre el humo, el fuego y los disparos de los carceleros.
A lo largo
de la investigación, se sumaron los testimonios de otros cinco sobrevivientes,
familiares de las víctimas y ex detenidas políticas, que alojadas en un
pabellón contiguo al séptimo pudieron presenciar la masacre desde los
ventanales del edificio en el que se encontraban.
“Hicimos
un largo recorrido para llegar a reconstruir esta historia de represión. Este
es un crimen que no puede quedar impune, por eso necesitamos que no prescriba.
Para ello pretendemos lograr que la ciudadanía nos acompañe”, remarca Cesaroni.
Quienes
quieran adherir a esta presentación pueden enviar su DNI completo, dando cuenta
también su profesión, y pertenencia a una organización a la siguiente dirección
de correo electrónico: cepoc.dh@gmail.com
Fuente: TELAM
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