La Cámara Federal porteña consideró competente a la justicia
federal para investigar la muerte de los 64 presos asesinados durante la
represión de una protesta en la cárcel de Villa Devoto, el 14 de marzo de 1978,
causa que osciló entre la justicia federal y la ordinaria durante muchos años,
pero nunca fue investigada.
Con los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge
Ballestero, la Sala I del tribunal de apelación resolvió “declarar que los
hechos ocurridos en el pabellón séptimo de la Unidad 2 de Devoto configuran
crímenes de lesa humanidad”.
militante uruguayo Jorge Hernández Rodríguez
La masacre del Pabellón 7 comenzó como una protesta habitual
pero terminó con una brutal represión. Según la abogada e investigadora Claudia
Cesaroni, autora del libro “Masacre en el séptimo pabellón”, los presos
murieron quemados, asfixiados o con la cabeza perforada por balas de plomo,
mientras los agentes del Servicio Penitenciario Federal se negaban a abrir las
puertas.
El 30 de julio de 1979, el entonces juez de instrucción
Jorge Valerga Aráoz resolvió el “sobreseimiento provisorio” de todos los
imputados, pero la querella, encabezada por Cesaroni, solicitó la reapertura
del expediente ante el juzgado federal de Daniel Rafecas, y reclamó que se
reanudara la investigación como un crimen de lesa humanidad, planteo que
Rafecas rechazó en primera instancia. La querella, sin embargo, apeló,
argumentando, entre otras razones, que entre las víctimas del denominado “Motín
de los Colchones” podría haber un desaparecido, el militante uruguayo Jorge
Hernández Rodríguez, de 23 años, secuestrado en agosto de 1976 tras participar
en una asamblea fabril en la localidad de Dock Sud.
Meses después, Hernández Rodríguez quedó legalizado y fue
trasladado al penal de Devoto, donde se encontraba en el momento de la masacre.
Hoy continúa desaparecido, y su legajo está integrado en las listas de la
Conadep, bajo el número 1230. Según Cesaroni, el uruguayo aparece fotografiado
con vida en la tapa del diario Crónica, del 15 de marzo de 1978, al día
siguiente de la masacre. Ahora la justicia federal porteña tendrá que
investigar su caso y el de las otras 63 víctimas.
La causa iniciada por el Centro de Estudios en Política
Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) acusa como responsables de la masacre al
coronel Jorge Antonio Dotti, a cargo del Servicio Penitenciario Federal de
entonces; al director de la Unidad 2 (Devoto) prefecto Juan Carlos Ruiz; y al
jefe de Seguridad Interna, alcaide mayor Horacio Galíndez.
También al segundo jefe de Seguridad Externa, subalcaide
Víctor Dinamarca; al jefe de Requisa, alcaide Carlos Aníbal Sauvage; a los
jefes de Turno, subalcaides Antonio Bienvenido Olmedo y León Oscar Guinnard; al
subprefecto Armando Raimundo Gómez, subdirector de la Unidad 2 e instructor de
la causa; y al el exsecretario de esa dependencia, Juan Antonio Rossi.
Se los acusa como "autores, instigadores, cómplices y/o
encubridores de los delitos de tortura seguida de muerte, homicidio agravado,
encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público,
sin perjuicio de que en el curso de la investigación surjan nuevos
responsables”.
leoveoytecuento
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