Greenpeace activo

Buenos Aires, 7 de noviembre – Diez activistas de Greenpeace escalaron hoy hasta los balcones del Congreso de la Nación para denunciar a la Ministra de Industria, Débora Giorgi, por bloquear la Ley de Basura Electrónica. El cartel desplegado por la organización, señala a la funcionaria, caracterizada como el mítico personaje norteamericano, “Tío Sam”, como la principal responsable de que la ley no sea sancionada, y de favorecer a las empresas de la Cámara de Comercio Norteamericana en Argentina (AMCHAN), que se manifestaron en contra del proyecto, ya que dispone que los fabricantes se hagan cargo legal y financieramente de los desechos de sus productos.
La Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ya aprobada en el Senado, caerá a fin de año si no es tratada durante el mes de noviembre por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el Diputado por el Frente para la Victoria, Roberto Feletti.

“Luego de casi cinco años de debate en torno a la Ley de Basura Electrónica la Ministra de Industria Débora Giorgi, está frenando el proyecto, que es clave para disminuir el grave impacto que generan estos residuos en la salud y el ambiente de los vecinos. Este bloqueo es funcional a las empresas norteamericanos que se oponen a la sanción de la ley. Les pedimos a los Diputados del oficialismo de la Comisión de Presupuesto que sean solidarios con sus compatriotas que hoy están padeciendo la contaminación de rellenos y basurales donde terminan estos residuos, y traten este tema” manifestó Consuelo Bilbao de Greenpeace.


En Argentina, cada año se descartan 400 millones de pilas y se generan más de 120 mil toneladas de basura electrónica. Sin embargo, en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos y le dé un tratamiento adecuado.
“Además de contener sustancias tóxicas, estos residuos tienen materiales que pueden ser recuperados y reciclados, que hoy se están tirando a la basura; más del 95% de un celular puede ser recuperado. No solo se contamina el ambiente sino que se dilapidan recursos valiosos que deberían ser reaprovechados por la industria”, concluyó Bilbao.
La ley que reclama la organización ambientalista obliga a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión –reutilización y reciclado - de los residuos de sus propios aparatos y dispone la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación. Los residuos electrónicos es la fracción más toxica y la que más rápido está creciendo dentro de la basura domiciliaria.